De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Colombia, los Estados deben respetar y garantizar la dignidad humana, autonomía individual, independencia y la libertad de las personas con discapacidad mayores de edad para tomar sus propias decisiones, eliminando modelos que privan a estas personas de ejercer directamente sus derechos y obligaciones. En este sentido, a partir del año 2019 se eliminó la figura de la interdicción en Colombia, dando paso al sistema de apoyos de lo cual estaremos hablando en el presente artículo.
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La interdicción era un proceso judicial por medio del cual se declaraba que una persona mayor de edad con discapacidad mental o psíquica no tenía la capacidad legal suficiente para tomar sus propias decisiones. Esto implicaba que se nombrara un guarda sobre la persona interdicta, quien quedaría encargada de asumir por completo los designios de la vida de esta persona.
En este sentido, más que proteger a las personas con discapacidad, la interdicción las imposibilitaba totalmente de ejercer sus derechos y obligaciones, como celebrar contratos, casarse, abrir una cuenta bancaria, etc.
La discapacidad hace referencia a alguna afección duradera que sufre una persona a nivel físico, sensorial, intelectual o mental que le impide participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.
Esto no significa que por este hecho la persona con discapacidad deba ser privada del ejercicio de sus derechos y obligaciones, sino que por el contrario, se debe garantizar y adaptar un sistema que le permita contar con apoyos para tomar esas decisiones de trascendencia para su vida.
Ahora bien, la capacidad legal es un atributo de la personalidad jurídica y consiste en el reconocimiento que le hace la ley a una persona de contar con las facultades para poder obligarse por sí misma y ejercer sus derechos, sin autorización de otra. La capacidad legal absoluta se adquiere con el cumplimiento de la mayoría de edad, es decir, los 18 años.
La Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se eliminó la figura de la interdicción, presume que todas las personas sin distinción alguna, cuentan con capacidad legal, por lo que la existencia de una discapacidad no puede ser motivo para restringirla.
En este sentido, la ley determina que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones y obligarse de manera autónoma, haciendo uso de apoyos cuando así lo requieran.
El sistema de apoyos permite que una persona con discapacidad pueda ejercer su derecho a tomar decisiones legalmente válidas y vinculantes, a través de tres mecanismos:
Recuerda que el presente artículo contiene temas de carácter general y no constituye asesoría legal. Si requieres mayor orientación para resolver una situación jurídica de tipo familiar y necesitas un abogado experto en el asunto, aquí podemos conectarte con profesionales del derecho confiables, con gran experiencia y bajo tarifas justas. Contáctanos a través de nuestro formulario virtual.
