La persecución y el castigo de las personas que han cometido un delito son vitales para las víctimas del mismo y para la sociedad en general. Sin embargo, su comisión se encuentra supeditada a diversos factores como el tiempo, el modo y el lugar, y sin lugar a dudas los móviles de los autores; estos, así como el estado mental, físico e incluso emocional del autor pueden llevar al juez a determinar la imputabilidad de una persona y por lo tanto la asignación de penas especiales.
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Es el término que se emplea para designar a las personas que por encontrarse en condiciones particulares no pueden ser considerados penalmente responsables de un delito.
Para que una conducta sea considerada delito debe contar con tres elementos esenciales. La conducta debe ser típica (estar descrita como delito), Antijurídica (vulnerar un bien protegido) y culpable.
Cuando se busca determinar si la persona que cometió un delito es inimputable, la conducta debe ser típica, antijurídica, y entra a analizarse la parte de la culpabilidad y el grado de responsabilidad de la persona que lo cometió.
Cuando al momento de cometer la conducta:
Dadas las características de las personas inimputables, especialmente porque en la mayoría de los casos se trata de personas con problemas mentales, la aplicación de penas debe ser diferente.
A una persona en condiciones normales, al cometer un delito se le aplica lo que se conoce como medida de aseguramiento. Por su parte, a las personas inimputables se aplican medidas de seguridad.
Internación en establecimiento psiquiátrico: Se aplica principalmente a los inimputables con trastornos mentales y dependerá de si el trastorno mental es transitorio o permanente.
Si es permanente, se interna en una entidad especializada para su atención. Dicha pena será de máximo 20 años y mínimo la que se considere necesaria para su tratamiento. Si es transitoria la duración máxima de 10 años.
Internación en casa de estudio o trabajo: Para quienes no necesariamente padecen trastorno mental, se recurre a internar a la persona en un establecimiento aprobado donde se pueda suministrar educación, adiestramiento industrial, artesanal o agrícola. Será máxima de 10 años y mínimo de lo necesario para cada caso y sin exceder la pena máxima para el delito que se trate.
Libertad vigilada: Puede ser accesoria de la pena de internación, consiste en:
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