La contratación pública es el mecanismo a través del cual el Estado adquiere bienes, servicios u obras para el cumplimiento de sus funciones. Este proceso no solo garantiza el funcionamiento de la administración pública, sino que también promueve principios constitucionales como la transparencia, la igualdad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En Colombia, la contratación estatal está regulada principalmente por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), complementada por la Ley 1150 de 2007.
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Principios rectores de la contratación pública
El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece los principios que guían toda contratación pública en Colombia:
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Transparencia: los procesos deben desarrollarse de manera abierta, garantizando igualdad de oportunidades para todos los interesados.
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Economía: las actuaciones deben ser ágiles y evitar trámites innecesarios, privilegiando la eficiencia en el gasto público.
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Responsabilidad: los servidores públicos y contratistas deben actuar conforme a la ley, respondiendo por las decisiones que tomen.
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Selección objetiva: la escogencia de los contratistas debe basarse en criterios de mérito, capacidad y conveniencia para la administración.
Estos principios buscan garantizar que los contratos estatales cumplan con su finalidad social y se alineen con el interés general.
Modalidades de selección de contratistas
La Ley 1150 de 2007 introdujo mecanismos que diversifican las formas de contratación, de acuerdo con la naturaleza del contrato y las necesidades de la entidad estatal. Entre ellas se encuentran:
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Licitación pública: procedimiento general y obligatorio, caracterizado por la amplia participación de oferentes. La convocatoria se realiza de manera pública y abierta.
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Selección abreviada: aplica para casos específicos con el fin de simplificar el proceso de contratación, ya sea por las características del objeto a contratar, las circunstancias o la cuantía de la contratación. Se realizan por medio de selección abreviada la adquisición de bienes y servicios de características uniformes, la contratación de menor cuantía, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud y la contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto, entre otros.
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Concurso de méritos: diseñado para la contratación de consultoría o servicios profesionales que requieran un alto grado de especialización.
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Contratación directa: utilizada de manera excepcional, en situaciones definidas expresamente por la ley (ejemplo: contratos interadministrativos, urgencia manifiesta, contratación de defensa jurídica del Estado, entre otros).
- Contratación de mínima cuantía: Es aquella contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto.
El papel del CPACA en la contratación pública
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula los mecanismos judiciales y administrativos de control sobre la contratación estatal.
A través de este código, se habilitan acciones como la de Controversias Contractuales. Una acción especial destinada a resolver los conflictos derivados de la ejecución, cumplimiento o terminación de los contratos estatales.
Esto demuestra que la contratación pública no solo se limita a la firma de un contrato, sino que se enmarca en un sistema de control legal y judicial que garantiza el respeto por el interés general.
Retos y perspectivas de la contratación pública en Colombia
A pesar de los avances normativos, la contratación estatal enfrenta desafíos como la corrupción, la falta de planeación en algunos procesos y las dificultades para garantizar la pluralidad de oferentes. Por ello, se han venido fortaleciendo herramientas como el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), que busca mayor transparencia y acceso a la información en tiempo real.
De igual forma, la tendencia actual apunta a la digitalización, la trazabilidad de los procesos y la inclusión de criterios de sostenibilidad en la contratación, promoviendo no solo la eficiencia sino también el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos.
Conclusión
La contratación pública en Colombia constituye una pieza clave para el funcionamiento del Estado y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Su correcta aplicación, basada en los principios de transparencia, economía y responsabilidad, permite que los recursos públicos se gestionen de manera adecuada y que la ciudadanía confíe en las instituciones.
Recuerda que el presente artículo contiene temas de carácter general y no constituye asesoría legal. Si requieres mayor orientación para resolver una situación jurídica en materia de contratación pública y necesitas un abogado experto en el asunto, aquí podemos conectarte con profesionales del derecho confiables, con gran experiencia y bajo tarifas justas. Contáctanos a través de nuestro formulario virtual.
