En el mercado de servicios jurídicos profesionales colombiano existe un importante fallo de mercado, probablemente extrapolable al resto de la región, dado principalmente por una ineficiente asignación de recursos entre los servicios prestados por el abogado y los precios pagados por el cliente.
Dicho fallo encuentra su origen en la información asimétrica de la oferta legal, donde el abogado conoce más y mejor el servicio a ofrecer, y el consumidor no tiene mayor información del área de especialidad que requiere, ni posee información suficiente de la experiencia ni trayectoria de los abogados oferentes.
Otro aspecto importante a considerar es el hecho que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del número de abogados titulados y año a año la cantidad de abogados egresados aumenta considerablemente. Esto puede deberse al mayor número de facultades de derecho, que gracias a la ley 30 del 92 que fomenta la creación de casas de estudio, han pasado de ser 32 en 1993 a 72 en el 2007.
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No debemos olvidar que Colombia es uno de los países con mayor número de abogados por persona, y que según estadísticas de la Corporación Excelencia para la Justica el promedio nacional es de 543,45 abogados por cada 100.000 habitantes, cifras precedidas únicamente por Costa Rica con 389,36. Las universidades con mayor cantidad de estudiantes de derecho son privadas, y de acuerdo a El Espectador absorben el 54% de la cantidad de estudiantes de derecho, que este año alcanzó un total de 119.724.
Dicho fenómeno ha producido efectos beneficiosos y desfavorables para el consumidor que, a modo general, puede resumirse en dos corrientes que corren en sentido inverso:
- El aumento de la tasa de abogados ha provocado un efecto favorable para el consumidor, que se ha reflejado en una disminución de los precios cobrados por servicios profesionales de baja, mediana y alta complejidad legal (en especial en los dos primeros eslabones) dado por la aparición de una mayor oferta de prestadores jurídicos en las diversas áreas del derecho.
- El incremento de universidades que imparten la carrera de derecho, que en muchos casos ni siquiera cuentan con programas acreditados por el Ministerio de Educación, ha provocado una disminución considerable de la calidad técnica de los alumnos egresados (nuevos oferentes jurídicos) y ha bajado proporcionalmente el estándar ético exigible que se espera por parte de éstos (reflejado en el aumento de reclamos por mala praxislegal). Uno de los casos más preocupantes es la calidad de enseñanza de la Universidad Cooperativa de Colombia, una institución no certificada que en el año 2010 producía el 8% de los alumnos de derecho.
Si bien es una muy buena noticia la baja de los precios para servicios de tipo commodities y de baja sofisticación legal, esta situación se ve fuertemente atenuada por un porcentaje no menor de mala calidad por parte de estos nuevos operadores legales y comportamientos éticamente inadecuados y reprochables, que no se condicen el estándar exigible de la praxis legal.
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Los principales mercados en los que se refleja tal fenómeno son:
- Servicios legales a personas: En general, los usuarios no saben a quién recurrir, a menos de que tengan un hermano, primo, amigo y/o conocido de un amigo que sea abogado, y desconocen, por lo general, la calidad profesional y ética del agente legal. Estas situaciones disminuyen en segmentos socios económicos altos, donde el acceso a abogados de confianza y de calidad es mucho mayor, dado en parte por la pertenencia a círculos sociales con altos grados de cualificación profesional, y en parte por la alta capacidad de pago por servicios más costosos.
Respecto a este punto, muchos abogados toman casos en materias de las que tienen poco o nada de experiencia, ocultando dicha información o mintiendo sobre sus cualificaciones y capacidades, además de trabajar en casos en los que se les paga por adelantado la totalidad o un porcentaje del cobro, y acto seguido retardan o dejan de contestar los llamados telefónicos, los e-mails de los clientes y, en el peor de los casos, desaparecen por completo. Presumimos que en este último caso, varios de los oferentes ni siquiera tienen título de abogado. - Servicios legales a empresas: Si bien pueden ocurrir las mismas situaciones antedichas, en especial en las pymes, el fallode mercado ocurre más bien por un sobre-costo en el que incurren las empresas por requerimientos legales de baja y mediana dificultad, produciéndose un excedente del proveedor legal, que vende el servicio a un precio mayor del que estaría dispuesto a cobrar.
A nuestro entender, el fenómeno puede explicarse en parte porque una gran cantidad de empresarios, especialmente medianos y grandes, pertenecen al segmento socio-económico alto del país, donde es bastante probable que mantengan estrechos lazos de confianza con más de un abogado de alta cualificación, ya sea por vínculos familiares, amigos, compañeros, etc. o, en su defecto, debido a la recurrencia de operaciones legales de toda actividad comercial y/o industrial. Y es que una vez que un cliente trabaja por un cierto periodo con un gran estudio, con distintos estudios boutique o con uno o más abogados particulares de confianza, se produce una especie de captura del cliente, lo que disminuye las probabilidades de que éste vuelva a salir al mercado a cotizar.
Esta última situación puede atribuirse al paradigma tradicional, abrigado bajo la lógica de abogados de cabecera (de confianza), paradigma que creemos firmemente, se encuentra en plena retirada.
En esta misma línea argumental, nos parece que las empresas están cada vez más dadas a discriminar por precios, ya que existe un crecimiento feroz de la competencia legal. No obstante, siguen existiendo cobros exorbitantes por productos y servicios que no requieren mayor tiempo-hora profesional, y aún más, en muchos casos, ni siquiera requieren de asistencia profesional.
Ahora bien, lo anterior debe necesariamente ser matizado respecto a todas las operaciones y contingencias al interior de las compañías que necesitan de revisión técnica específica según áreas de especialización legal aplicables, las que por lo general se derivan íntegramente a una gran firma especialista en cada una de dichas materias, o a diversos estudios boutique de una o más especializaciones acotadas, por las que vale la pena pagar altos montos de acuerdo a los precios de equilibrios del mercado legal sofisticado. Sin embargo, existen muchos trabajos que son más simples, en los que se cobra un sobre-coste, que probablemente sería inexistente bajo un escenario de información disponible y transparente para todos los agentes del mercado.
En resumen, respecto el mercado legal de empresas, no resulta adecuado pagar sobre-coste por productos y servicios legales que son poco complejos, es decir, servicios que se suelen derivar al interior de las empresas a un mismo estudio y/o a un mismo abogado particular, cuyo cobro suele realizarse bajo la modalidad fee mensual, precios flat hora trabajada y/o precios diferenciados según abogado asociado, socios junior o socios senior; por lo que bajo un ideal de mercado perfecto, los gastos legales integrales de las empresas debiesen bajar.
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