La eliminación de los antecedentes judiciales es un tema de gran interés y que suscita opiniones enfrentadas. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, los antecedentes penales deberían ser temporales, pues de lo contrario, podrían generar discriminación en contra de una persona cuya situación jurídica ya está resuelta, haciendo imposible su reinserción en la sociedad. Por otra parte, existe la tesis de que la eliminación de los antecedentes penales podría poner en riesgo los derechos de otras personas en casos de reincidencia del sujeto en las conductas ilícitas. En este artículo hablaremos sobre lo que prevé la ley colombiana respecto a este asunto.
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¿Quién es el encargado de administrar las bases de datos de los antecedentes judiciales?
En Colombia la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional es el organismo encargado de administrar las bases de datos de los antecedentes judiciales.
Para ello, en la consulta de los antecedentes judiciales se han establecido dos posible situaciones, esto de acuerdo a lo desarrollado por la Corte Constitucional en Sentencia SU-458 del 21/06/2012, en protección del derecho de habeas data de las personas. Estas situaciones son:
- "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES": aplica para las personas que no registran antecedentes o para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
- "ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL": aplica para las personas que se encuentran en ejecución de una sentencia condenatoria o que no han realizado la actualización de la información judicial de antecedentes judiciales.
En caso contrario a las situaciones aquí previstas, en el certificado deberá reportarse que la persona es requerido por autoridad judicial.
En todo caso, en los certificados de antecedentes judiciales no se registrará la información de la sentencia, ni del proceso por el que se haya pagado pena privativa de la libertad.
¿Para qué sirven las bases de datos de antecedentes judiciales?
En principio, estas bases de datos sirven para que los ciudadanos puedan validar su información judicial personal. Así mismo, las bases de datos podrán ser utilizadas por los organismos del Estado para proteger intereses generales y el orden público.
¿Cuál es la postura de la Corte Constitucional?
La Corte establece que el manejo de los datos personales debe tener siempre un fin establecido en la ley, el cual debe ser claro y especifico. Es por esto que las autoridades están autorizadas para utilizar las bases de datos de antecedentes judiciales para fines de protección y seguridad nacional y para las labores de persecución penal de los responsables de la comisión de delitos.
Sin embargo, cuando esta información es utilizada de manera indiscriminada por parte de terceros, como por ejemplo por los empleadores dentro de un proceso de selección, esta práctica podría ser considerada irregular dando pie al inicio de las acciones legales pertinentes. Es por ello que, la Policía Nacional prohíbe expresamente a cualquier persona natural o jurídica, diferente del titular de los datos, la utilización de la información personal contenida en los sitios web de consulta de antecedentes judiciales.
¿Cuál es el derecho protegido?
El derecho protegido en este asunto es el Habeas Data, que puede verse como derecho en sí mismo o como garantía de protección de otros derechos.
En el primero de los casos, el Habeas Data faculta a las personas a conocer, actualizar y rectificar su información personal contenida en una base de datos. Ahora bien, como garantía de otros derechos, el Habeas Data protege libertades que puedan ser afectadas por una administración incorrecta e indiscriminada de los datos personales, como el derecho a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, etc.
¿Cómo se pueden rectificar los datos referentes a los antecedentes judiciales?
Ahora bien, para actualizar la situación judicial de una persona en materia penal, se debe solicitar directamente a la autoridad judicial competente que remita las providencias judiciales por medio de las cuales se haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena, a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) o en su defecto, a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la ciudad o departamento del interesado. Este trámite tiene como finalidad que dichas entidades actualicen el sistema de información en debida forma.
Finalmente, la persona que considere violados sus derechos fundamentales al Habeas Data y al buen nombre por hechos relativos a sus antecedentes judiciales, podrá solicitar por medio de una acción de tutela, la eliminación de los antecedentes judiciales que existan en las bases de datos administradas por las autoridades de policía. Este recurso puede resultar de utilidad después de haber cumplido una condena, ya que la ley colombiana no estipula un plazo a partir del cual se tengan que borrar los antecedentes judiciales. En estos casos y atendiendo a las situaciones particulares, el juez de tutela decidirá si ordena la eliminación de los antecedentes judiciales en las diferentes bases de datos o se abstiene de hacerlo.
Recuerda que esta información es de carácter general y no debe considerarse como asesoría legal. Si quieres saber más sobre la eliminación de antecedentes judiciales, te invitamos a completar el formulario de contacto y te contactaremos con un abogado experto que pueda asesorar tu caso.
